Diputados de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside Jorge Albarracín (UCR), se reunieron con Dalmiro Garay y Mario Adaro, integrantes del máximo órgano de justicia de Mendoza, para continuar con el análisis del nuevo Código Procesal Laboral que enviara el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción del Senado provincial.

El texto de la iniciativa tiene como objeto acortar plazos y agilizar juicios laborales, principalmente, y forma parte de una serie de propuestas que el Poder Ejecutivo ha elevado a la Legislatura encarando una reforma judicial más amplia.

 

“Un juicio laboral no puede durar 3 años” indicaron los jueces, algo que también consideraron los legisladores. Por ello es que “creo que lo que viene aportando todas las reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la facultad, junto con la Legislatura de hacer las propuestas de reformas, es que van camino a la exigencia que la ciudadanía nos plantea a la Justicia: juicios más rápidos y más transparentes”, explicó Mario Adaro.

 

El magistrado agregó que “la primera reflexión y la primera autocrítica, que en la justicia la hacemos y el resto del poder político, es tratar de mejorar eso y creo que las modificaciones planteadas, por lo menos con media sanción, van en ese sentido más allá de las controversias o no que puedan haber en la redacción”.

 

Por su parte, Dalmiro Garay puntualizó en que “no se le quita solvencia al proceso” sino que se gana tiempo sin quitarle calidad a las actuaciones, es decir, “se optimizan los recursos”. Palabras que expresó en diálogo con periodistas al momento de comentar las reformas que se han iniciado y que el Poder Judicial está implementando.

 

“Se fija con mayor intensidad la oralidad con dos audiencias, le va a permitir al trabajador en la primera audiencia saber cuál es la final y que la final se colocará entre 4 y 6 meses de la audiencia inicial, lo que hace que un proceso laboral pueda tener un lapso promedio de no más de 1 año y medio contra 3 o casi 4 años promedio que tenemos hoy”.

 

Asimismo, Garay indicó que “estamos, en general, con el mismo recurso humano y material modificando estructuras de procesos. Se hace una reingeniería de los tiempos del proceso, hay tiempos muertos que tenemos que reconocer, hay otras maneras de encarar las formas del accionar judicial que no necesariamente implican más gente, pero si más tecnología”.

 

Durante la reunión, se realizaron diversas consultas a los jueces por el expediente aunque las consideraciones se focalizaron en los tiempos de caducidad y los peritos. En este sentido, Garay comentó que “hemos visto que se introduce un nuevo sistema de pericias, para nosotros es bueno modificar eso y también vemos con agrado que se ponen nuevos mecanismos de modernización que el Poder Judicial lo viene haciendo en los otros procesos, así es que ya en el proceso laboral nos permitirá lograr esto. Hay una sinergia con las instancias de conciliación que ya existen, administrativas, lo cual hace que el sistema judicial se ensamble correctamente y mientras sea razonable el sistema de instancia inicial administrativo podamos lograr darle solución como Estado desde los distintos órganos y estamentos a lo que tenemos que obligatoriamente responder que son los problemas del trabajador”.

 

Del mismo modo, sobre la caducidad tanto Adaro como Garay prefirieron no emitir opiniones, aunque sí dijeron que la intención es que “el poder político, que se encarga de dictar las leyes, tiene que buscar herramientas que al trabajador le dé certezas de que va a tener un juicio que va a ser rápido y que vamos a tratar de evitar lo que hoy tenemos que son juicios eternos que duermen, que se desarchivan, que se archivan”.

 

Para el titular de la comisión, Jorge Albarracín, la reunión fue “muy positiva y provechosa” por la posibilidad de exponer sobre las ideas que cada sector tiene respecto al tema. El diputado agregó que “particularmente en el tema de la caducidad de instancias se puede ver alguna cuestión. No hay justificación para que un expediente esté paralizado un año, eso no es defensa del trabajador; entonces sobre esa base, de mover más rápido los expedientes, sí podemos hablar”.

 

En el caso de los peritos, Albarracín indicó que “la idea que trae el proyecto es que los peritos estén desvinculados del resultado económico del proceso, y que a su vez tengan un fondo del que ellos puedan cobrar una vez terminada la pericia, es decir que se desvincula del resultado económico global del proceso”, y continuó “la idea es hacer más pericias, entregarlas más rápido y que ellos puedan percibir sus honorarios también más rápido”, evitando la situación (que ha sucedido) de inicio de juicios por parte de peritos para cobrar sus honorarios, y que haya profesionales que los realicen aunque el monto sobre el cual se haga la pericia sea bajo, sin interrumpir el juicio.

 

Para diputados de la oposición la reunión fue satisfactoria por la presencia de los jueces, aunque focalizaron sus posiciones en los dos temas que más se trataron referidos a la caducidad y los peritos. Carina Segovia (PJ) opinó que “queremos escuchar a todos los actores involucrados en el tema de la justicia laboral, para poder tomar una decisión política. Representantes de trabajadores, peritos, abogados, que son sobre quienes va a tener verdadero impacto este Código”.

 

Agregó la legisladora que “el temor básico es que se vean desprotegidos los trabajadores frente a las grandes empresas, las ART, frente a las corporaciones. Entonces el temor es ese, un trabajador que cuente con menos herramientas para defender sus derechos. Es a partir de ahí que nosotros hacemos los cuestionamientos a la letra de una norma que es procesal, que rige el procedimiento pero que ese procedimiento de ningún modo debe venir a menoscabar los derechos de los trabajadores”.

 

A su turno, Mario Vadillo (PI-Protectora) explicó que ha sido necesario desde hace mucho tiempo acelerar los procesos, y reclamó que esto se debería haber realizado antes. Sostuvo el diputado que “es alarmante” que, para el caso de los peritos, “se quiere mover un sistema solo para el laboral y no para el civil”, entendiendo que los profesionales tendrán un trabajo en un fuero y otro en el otro fuero.

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