El proyecto presentado por el senador Gustavo Cairo (PRO), tiene dos aspectos la modificación del objeto de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA), para incorporar la actividad minera y aumentar el porcentaje de las regalías para la provincia.

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Sostiene el senador Cairo que “la explotación minera en la Provincia de Mendoza es un tema polémico y lo seguirá siendo. Pero del análisis de sus principales cuestionamientos se destacan dos temas. El primero es el medioambiental, sobre todo por los residuos dejados por la explotación minera, sobre todo la metalífera, y por la utilización de agua, recurso por demás valioso y vital. Este tema que se seguirá siendo objeto de grandes polémicas y  deberá ser evaluado en profundidad en términos globales y en particular en cada emprendimiento que se pretenda llevar a cabo. Pero este no es el tema que está en debate en este proyecto”.

En tanto, “el segundo gran tema, indicó Cairo, es el que se aborda en este proyecto, la rentabilidad para la provincia de producto de las explotaciones mineras. Es decir, cuanto dinero queda para Mendoza de estos emprendimientos”.

Asimismo el objetivo de la norma es darle a Mendoza, la posibilidad de solucionar este segundo problema, es decir le permitirá, a través de EMESA asociarse a los emprendimientos mineros, medioambientalmente aptos y participar de una manera mas equitativa en las ganancias de la explotación, hoy reducida a un magro 3% de regalías, a todas luces injusto e insuficiente.

Cabe destacar, que la ley de Inversiones Mineras, establece en su artículo 22 un tope del 3% a las regalías que pueden percibir las provincias por la explotación de sus recursos mineros. Reza la mencionada norma: “Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías..., no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor “boca mina” del mineral extraído”.

También la norma nacional establece que para llegar a ese 3% las empresas podrán deducir costos de transporte, flete, seguros, costos de trituración, costos de comercialización y de administración hasta la entrega del producto logrado, entre otros costos deducibles.

Indicó el legislador del PRO que “por el contrario, los ingresos de la Nación no se han visto menguados por esta norma nacional, puesto que en su articulado, garantiza la percepción del IVA, gravamen de carácter nacional, además de las eventuales retenciones y el impuesto a las ganancias.  Esta situación es a todas luces injusta para las provincias, puesto que ellas son las propietarias de sus recursos naturales. Ello está reconocido expresamente por el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece: “corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
 

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