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EL CLIMA EN MENDOZA

MENDOZA

24 de agosto de 2015

Comunicado de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional Mendoza sobre caso Tania Páez y Lorena Castro

Ante la posibilidad de juicio abreviado en beneficio del policía acusado de homicidio contra Tania Páez y Lorena Castro la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional Mendoza, elevó recientemente una notificación al Procurador General del Ministerio Público de la Provincia. Aquí lee el comunicado.

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Ante la seria posibilidad de que el homicida de Tania Páez y Lorena Castro, perteneciente a las fuerzas de seguridad, se vea beneficiado con un arreglo judicial por juicio abreviado es que el abogado Lautaro Cruciani, integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional Mendoza, elevó recientemente una notificación al Procurador General del Ministerio Público de la Provincia con el fin de  denunciar nuestra disconformidad ante la posible realización del juicio abreviado al efectivo policial Antonio Cruz, imputado tras acabar con la vida de las adolescentes Tania Páez (17 años) y Lorena Castro (16 años), y causar severas heridas en Malannie Pereira (15 años), el pasado 9 de diciembre, luego de atropellarlas mientras conducía en estado de ebriedad y a contramano.

 

A partir de haber tomado conocimiento desde la Campaña sobre la situación de la causa que hoy yace en el cuarto juzgado correccional, acerca de la posibilidad de que en el mismo se realice un procedimiento abreviado en el marco de los artículos 418 y concordantes del C.P.P. (Ley N° 6730), manifestamos en forma expresa nuestra DISCONFORMIDAD y solicitamos a través de una notificación que se ordene al Fiscal correspondiente NO REALIZARLO.

Si bien no desconocemos que la opinión vertida no resulta vinculante, la adelantamos por cuanto “A resultas de la audiencia puede suceder que el Fiscal decida no consentir el procedimiento y ejercer la acción penal en el juicio respectivo o muñirse de mayores elementos a la hora de individualizar la pena a imponer”. Según indica la Ley Orgánica del Ministerio Público (ley 8008), el Procurador General es el superior jerárquico de los funcionarios y magistrados que desempeñan el Ministerio Público y es, por lo tanto, responsable por la gestión de quienes tiene a su cargo.

LA ABSOLUTA DISCONFORMIDAD SE FUNDAMENTA EN QUE A NUESTRO CRITERIO EL PROCESO EN CUESTIÓN NO PERMITIRÍA DISCUTIR CABALMENTE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HACEN A LA CORRECTA VALORACIÓN DEL HECHO INVESTIGADO, Y CONSECUENCIA DE ELLO NO SE VERÍA SATISFECHO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO LEGAL DE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS.

 

Para afirmar lo anterior, sostenemos que las garantías judiciales establecidas en el art. 8 de la Convención Americana, no están previstas sólo para los imputados. De hecho respecto a quién puede ser titular de ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha sido enfática al señalar que “el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona”, por igual, independientemente de su condición como parte acusadora, acusado o incluso tercero en el marco de un proceso. A esto, se encuentra asociado el derecho a la verdad que tienen ciertos familiares de las víctimas y a una manera de reparar a las víctimas.

 

POR LO TANTO, DE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO SE ESTARÍA INCURRIENDO EN LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES RESPECTO DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA, A QUIENES EL ESTADO DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y UN PROCEDIMIENTO JUSTO: el derecho de acceso a la justicia que consagra el artículo 8 de la Convención Americana, entendido por la propia Corte como una “norma imperativa de Derecho Internacional”, exige que el Estado garantice que los procesos internos aseguren, en un tiempo razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo.

 

Asimismo, para la Corte Interamericana un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión”.

 


​(Mural pintado en Memoria a las adolescentes y en Reclamos de Justicia en el paredón de la Unión Vecinal del Barrio Parque Sur)

 

Existen serios motivos por los cuales desde el punto de vista de la querella podría rechazar este proceso especial, máxime en virtud de la complejidad que representa una causa como la presente donde hubo dos víctimas fatales (niñas y adolescentes) y se encuentran involucrados funcionarios policiales: no es posible obviar que siguen existiendo circunstancias que ameritan discutirse en debate, como por ejemplo la gravedad de la conducta atribuida al funcionario policial imputado, y la existencia de serios elementos de cargo, que permitirían apartarse del mínimo previsto para el hecho que se le atribuye, disminuyendo sensiblemente las probabilidades de arribar a una condena de ejecución condicional.

 

NOS OPONEMOS A LA POSIBILIDAD DE JUICIO ABREVIADO CONTRA EL POLICÍA JUAN CASTRO. EXIGIMOS UN JUICIO JUSTO PARA TANIA Y LORENA. ESTAMOS ALERTA Y ACOMPAÑAMOS A SU MADRE JESSICA CARVALHO EN LA LUCHA. NI UNA PIBA MENOS NUNCA MÁS.

Fuente: La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional Mendoza – 24 de agosto 2015 -

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