El proyecto de ley presentado por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) para establecer una tarifa eléctrica social diferencial destinada a las instituciones comunitarias de bien público de toda Mendoza será expuesto este jueves a las 18:00 hs., por su propio autor en el SUM del barrio Democracia en el departamento de Rivadavia, ante representantes de diversas entidades de ese tipo de la zona Este.

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En el encuentro, organizado por la concejala Analía del Río, responde a la gran expectativa que se ha creado porque clubes deportivos, uniones vecinales, centros de jubilados y demás entidades barriales sin fines de lucro no pueden afrontar los desmedidos aumentos en los servicios públicos y corren el riesgo de cerrar, ya que sus situaciones económicas se siguen precarizando porque sólo se mantienen con las cuotas que pagan sus socios. En las reuniones informativas, además de exponer su proyecto de ley de tarifa social diferencial, el senador Gustavo Arenas detalla otras propuestas suyas a favor del mantenimiento de las instituciones barriales como generadoras de actividades de formación y contención social sin ninguna clase de lucro. 

Concejala Analía Del Río del bloque Kolina 

La iniciativa del legislador justicialista, la cual está en tratamiento en la Legislatura, ya ha recibido numerosos apoyos por parte de las autoridades de más de 100 organizaciones comunitarias de San Rafael, General Alvear, San Carlos (departamentos adonde la presentó personalmente el fin de semana pasado), Malargüe, Capital, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Rivadavia, Godoy Cruz, Luján y Junín. También ha sido avalada expresamente por la asociación nacional de defensa del consumidor Protectora, de gran despliegue en todo el país, y la Confederación Mendocina de Deportes (Comede), que reúne a unas 50 asociaciones y federaciones deportivas, y representa a más de 35.000 atletas.

Detalles de la propuesta

El proyecto de ley para establecer la tarifa diferencial –contenido en el expediente Nº67.711 del Senado– manda que en Mendoza se instituya “una categoría de usuarios de servicio eléctrico denominada Entidades de Bien Público”, que beneficiará a “asociaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro, clubes de barrio, uniones vecinales, centros de jubilados y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con programas de promoción y protección de derechos”.

Remarca que las organizaciones que cuenten con personería jurídica, no persigan fines de lucro y tengan “por principal objeto el bien común” puedan ser beneficiadas con una tarifa eléctrica diferencial, ya que los últimos aumentos en esos servicios ponen en serio riesgo de cierre a la mayoría de esas instituciones, que se sostienen gracias a las cuotas que pueden pagar sus socios.

El objetivo es que estas entidades barriales puedan continuar cumpliendo con sus funciones tendientes al desarrollo personal, la contención social, la formación de valores de vida, el aprendizaje de oficios, la incorporación de conocimientos y hasta la camaradería, a través de los deportes, los talleres de arte, los cursos de destrezas laborales y los espectáculos culturales, entre otras de las actividades que brindan con acceso libre.

La futura norma provincial toma como referencia la ley nacional Nº27.218, sancionada el 25 de noviembre de 2015, que establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público con el fin de evitar que el incremento de los servicios perjudique las actividades que ahí se despliegan. En igual sintonía, a través del expediente Nº67.852 del Senado, el legislador justicialista presentó también un proyecto de ley para que Mendoza adhiera a la norma nacional Nº27.218.

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