Entidades del departamento del Este expresaron su apoyo al proyecto de ley presentado en la Legislatura por el senador provincial Gustavo Arenas para establecer una tarifa eléctrica social diferencial destinada a organizaciones sin fines de lucro.

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Fue durante otra de la serie de reuniones que viene realizando éste con instituciones comunitarias de toda Mendoza. En esta ocasión, con el acompañamiento de la concejala Analía del Río, el encuentro se desarrolló en el salón de usos múltiples del barrio Democracia de aquel departamento de la zona Este.

Fue así que dirigentes y representantes de los clubes Social y Deportivo Bernardino Rivadavia, Central Rivadavia y Atlético Fénix, las uniones vecinales Barrio Democracia y Almirante Guillermo Brown, y la Iglesia Evangélica Centro de Adoración, entre otras entidades, dieron su aval a la iniciativa del legislador justicialista. La propuesta está en tratamiento en la Cámara Alta –a través del expediente Nº67.711– y busca instituir “una categoría de usuarios de servicio eléctrico denominada Entidades de Bien Público”, que beneficiará a “asociaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro, clubes de barrio, uniones vecinales, centros de jubilados y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con programas de promoción y protección de derechos”.

El apoyo de esas entidades a la medida prevista fue manifestado expresamente luego de que el senador Gustavo Arenas expusiera los detalles y los motivos que lo llevaron a presentarla: nada más y nada menos que evitar las paralizaciones de actividades o los cierres de esas organizaciones barriales ante la imposibilidad de afrontar los pagos de los desmedidos incrementos en los servicios públicos registrados últimamente.

La ocasión también fue propicia para que el legislador justicialista diera a conocer las herramientas que promueve en el mismo sentido de mantener en funcionamiento a los miles clubes de barrio y pueblo, y que están a disposición de las autoridades vecinales que deseen implementarlas frente a la alarmante situación de riesgo de cierre de instalaciones que viven.

Esto se debe a que, en el contexto general, esas instituciones, que brindan actividades libres y gratuitas de formación y contención social sin ninguna clase de ventaja económica, se han visto muy golpeadas por las subas tarifarias de los servicios públicos porque se mantienen gracias a las cuotas que pagan sus socios, las cuales representan montos adecuados a la realidad de los vecinos y los habitantes de las zonas que son beneficiadas.

De esta manera, la reunión sirvió además para corroborar que la preocupación se extiende paulatinamente tanto por Mendoza como por el país, ya que es la tónica que ha predominado también en todos los encuentros que ha mantenido el representante de la Cámara Alta provincial con otros dirigentes comunitarios de San Rafael, General Alvear y San Carlos, departamentos adonde estuvo el fin de semana pasado.

En este contexto, el proyecto de ley ya ha recibido el apoyo de unas 150 organizaciones barriales de Malargüe, Capital, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Rivadavia, Godoy Cruz, Luján y Junín, a través de diferentes contactos establecidos. E incluso ha sido avalado por la asociación nacional de defensa del consumidor Protectora, de gran despliegue en todo el país, y la Confederación Mendocina de Deportes (Comede), que reúne a unas 50 asociaciones y federaciones deportivas, y representa a más de 35.000 atletas.

 El senador provincial Gustavo Arenas, acompañado por la concejala Analía del Río, explica los alcances de sus propuestas legislativas para salvar a las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, en el salón de usos múltiples del barrio Democracia, en Rivadavia.

Más detalles de la propuesta

La propuesta remarca que las organizaciones que cuenten con personería jurídica, no persigan fines de lucro y tengan “por principal objeto el bien común” puedan ser beneficiadas con una tarifa eléctrica diferencial, ya que los últimos aumentos en esos servicios ponen en serio riesgo de cierre a la mayoría de esas instituciones, que se sostienen gracias a las cuotas que pueden pagar sus socios.

El objetivo es que estas entidades barriales puedan continuar cumpliendo con sus funciones tendientes al desarrollo personal, la contención social, la formación de valores de vida, el aprendizaje de oficios, la incorporación de conocimientos y hasta la camaradería, a través de los deportes, los talleres de arte, los cursos de destrezas laborales y los espectáculos culturales, entre otras de las actividades que brindan con acceso libre.

La futura norma provincial toma como referencia la ley nacional Nº27.218, sancionada el 25 de noviembre de 2015, que establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público con el fin de evitar que el incremento de los servicios perjudique las actividades que ahí se despliegan. En igual sintonía, a través del expediente Nº67.852 del Senado, el legislador justicialista presentó también un proyecto de ley para que Mendoza adhiera a la norma nacional Nº27.218.

Otras normas en resguardo de entidades comunitarias

El senador provincial Gustavo Arenas –quien además es vicepresidente del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina, de Guaymallén; forma parte de la mesa nacional de coordinación del Movimiento Social del Deporte y es el creador del Movimiento para la Recuperación de Clubes de Barrio, que colabora directamente con los vecinos que trabajan para evitar los cierres de las instituciones de ese tipo– ya ha presentado otras propuestas que van en el mismo sentido de resguardo de las instituciones comunitarias y algunas ya son leyes.

Entre las normas vigentes de autoría de Gustavo Arenas –desde que fuera diputado, a partir del 2010–se destaca la N°8.509, la cual dicta que a las instituciones barriales sin fines de lucro que desarrollen actividades abiertas a la comunidad no se les pueden embargar ni ejecutar bienes y se les deben condonar deudas contraídas con anterioridad. Sancionada en noviembre del 2012 y promulgada por el Poder Ejecutivo en diciembre del mismo año, para lograr su cometido modifica los artículos 1, 2 y 3 de la norma previa Nº6.858, con el fin de ampliar hacia las entidades comunitarias los beneficios con los que antes sólo contaban los clubes de fútbol.

Esta idea, además, fue tomada e incorporada por el Congreso a la norma nacional Nº27.098, que instituye el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo para que las instituciones comunitarias sin fines de lucro que brindan actividades deportivas y culturales libres puedan recibir ayuda económica de la Nación. Simultáneamente, el legislador justicialista logró que Mendoza adhiera a esta norma mediante la ley provincial N°8.803, sancionada en julio del 2015 por la Legislatura y promulgada en agosto del mismo año por el Poder Ejecutivo.

Otra de las normas locales presentadas por Gustavo Arenas es la N°8.766, vigente desde diciembre del 2014, que crea el Programa de Promoción del Tenis de Mesa en toda la provincia, destinado a instrumentar la práctica libre y gratuita del ping-pong en clubes, espacios públicos y escuelas.

Proyectos en tratamiento legislativo

En cuanto a sus proyectos que están en debate legislativo y esperan ser sancionados, está el de la ley que prevé crear el Programa de Acceso Universal al Deporte y la Cultura (resta la aprobación del Senado), el cual establece que los menores de 18 años viajen gratuitamente en el transporte colectivo los fines de semana y feriados cuando se dirijan a practicar deportes o a participar en actividades culturales.

Asimismo, su propuesta de que se instituya el 30 de abril como el Día Provincial del Dirigente Deportivo ha recibido la media sanción de la Cámara de Senadores, mientras que este mismo ámbito, también a instancias del legislador justicialista, declaró de su interés el Plan Estratégico en Materia Deportiva elaborado por la Confederación Mendocina del Deporte (Comede). 

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