El proyecto de ley que fuera elaborado por el Ing. Tanús (FPV) acordado con la diputada María José Sanz (UCR) y entregado al Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad Nestor Majul el 15 de junio pasado (cuando se trató el uso de crédito para construir una nueva cárcel), para dar el visto bueno y avanzar con el proyecto.

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El mismo prevé que sean los jueces garantías y los fiscales, los que deban trasladarse a las distintas unidades carcelarias que tiene la provincia.

Dado que en las últimas horas en algunos medios salió este tema como un avance entre el Ejecutivo y la Corte, es que les enviamos el proyecto, con la salvedad mencionada anteriormente de la fecha en la que se viene analizando y esperando una respuesta.

Honorable Cámara de Diputados

              Provincia de Mendoza

 

                                                           Mendoza, 15 de junio de 2.016.

PROYECTO DE LEY :  EMERGENCIA EN SEGURIDAD – CONCURRENCIA DE JUECES DE GARANTÍAS Y FISCALES A LAS UNIDADES PENITENCIARIAS.

 

H. Cámara de Diputados

De  Mendoza:

                        Por la presente ponemos a Vs. consideración y oportuno tratamiento el presente proyecto que tiene por objeto modificar la Ley de Emergencia en Seguridad Nº 8842, estableciendo la necesidad de racionalizar los operativos de seguridad necesarios para el  traslado de personas privadas de libertad desde las unidades carcelarias hacia los ámbitos de tribunales, disponiendo en su lugar la concurrencia de los jueces de garantías y fiscales a los mismos lugares de detención.

La emergencia en seguridad dispuesta por la Ley 8842 tiene entre sus fines ampliar y potenciar los recursos disponibles para la lucha contra la delincuencia.

En ese marco dispone medidas tendientes a reorganizar las fuerzas policiales y penitenciarias, modernizar sus estándares de funcionamiento, la profesionalización y la optimización de los recursos humanos disponibles.

Sin embargo entendemos que el esfuerzo del Poder Ejecutivo debe ser complementado con medidas cuya aplicación corresponde al Poder Judicial como actor fundamental en el combate contra  el delito.

En el sentido indicado, el Ministerio de Seguridad de la Provincia frecuentemente debe trasladar a personas con prisión preventiva desde su lugar de detención hasta el ámbito de tribunales, debiendo  realizar importantes operativos, con afectación de fuerzas policiales y penitenciarias a dichos comprometiendo importantes recursos humanos y físicos.

Dichos costos podrían racionalizarse con la simple medida que los jueces de garantías y fiscales concurran a realizar su cometido a las propias unidades carcelarias donde se encuentra detenida la persona afectada al proceso penal respectivo.

Obviamente que la modificación propuesta por el presente proyecto de ley exige garantizar la legítima defensa de las personas sometidas a proceso penal, y para tal efecto se requiere una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que se debe traducir en convenios de implementación, que aseguren las condiciones materiales y humanas en que se realizarán las audiencias en las respectivas unidades carcelarias.

Cabe agregar que  la concurrencia de los jueces de garantía y los fiscales a los lugares donde se encuentran detenidas las personas sometidas a proceso penal, les permitirá además tener una mayor cercanía con las condiciones en las que se cumple la detención, redundando en un mejor control del sistema.

En base a lo expuesto solicitamos prestéis sanción favorable al presente proyecto de Ley:

María José Sanz                                                   Jorge Tanus

Diputada Provincial                                                 Diputado Provincial                

Honorable Cámara de Diputados

              Provincia de Mendoza

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS

  DE LA  PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONA CON FUERZA DE

                                      LEY:

ARTÍCULO 1º : Modifícase el artículo 8º de la Ley 8842, el que quedará redactado de la siguiente forma : "Artículo 8º - Facúltase al Ministerio de Seguridad a convocar al personal de las Policías de la Provincia de Mendoza y del Servicio Penitenciario en situación de retiro efectivo a prestar servicio en condiciones de igualdad en cuanto a la remuneración y condiciones laborales del personal en actividad según las funciones y asignación de tareas que se le otorguen en el marco de la presente Ley. A tal fin el Ministerio de Seguridad podrá tomar del Sistema Argentino de Información Jurídica las decisiones que juzgue pertinentes teniendo en cuenta criterios de oportunidad, mérito y conveniencia. En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias. Con el fin de optimizar los recursos humanos, policiales y penitenciarios afectados al cumplimiento del objeto de la presente Ley, los Jueces de garantías y Fiscales que tengan a su cargo la intervención en procesos penales deberán procurar realizar las audiencias con las personas bajo prisión preventiva en el ámbito de la misma unidad carcelaria donde se hace efectiva, en ambientes especialmente adecuados a tal fin y respetando las condiciones legales de la garantía constitucional de la legítima defensa. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial celebrarán los convenios necesarios para una eficaz aplicación de lo dispuesto en la presente norma.

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