En esta ocasión, el diputado nacional por Mendoza, Luis Borsani, presentó un proyecto superador. Exime por cinco años del pago de la alícuota, a cambio de inversiones, y termina por derogarla completamente en 2022. La iniciativa, que ingresó el viernes 19 por mesa de entradas de la Cámara baja nacional, cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos.

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El diputado nacional por Mendoza, Luis Borsani, presentó un proyecto de ley para eximir a los vinos espumantes de la alícuota del impuesto interno. La iniciativa alcanza a las bodegas cuyas inversiones anuales –comprendidas entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021- no resulten inferiores al doce por ciento (12%) de sus ventas de champañas por año. Porcentaje que, justamente, coincide con la cifra de la mencionada alícuota.  A diferencia de otros proyectos, en esta oportunidad la exención será progresiva hasta que, en 2022, se llegue a la derogación definitiva.

Vale destacar que las ventajas de la iniciativa que impulsa Borsani, que tiene el acompañamiento de sus pares del oficialismo y también de fuerzas de la oposición, son múltiples para la vitivinicultura. La exención del impuesto a los espumantes, que desde 2005 se vienen suspendiendo por decretos delegados, ha permitido un flujo constante de inversiones por parte de la industria. La ley también contribuiría en la promoción de las economías regionales de las provincias productoras, en la diversificación de la matriz productiva del país, en la generación de más fuentes de trabajo calificado y en posicionar a la Argentina a nivel mundial en condiciones de mayor competitividad.

“La producción de vinos espumantes es la actividad más dinámica de la vitivinicultura argentina y se ha ido extendiendo a lo largo de todas las provincias productoras. De 2005 a 2015 han crecido, en cuanto a producción, más del 100% y de 59 bodegas elaboradoras se pasó a 165. No sólo se produce más si no que los precios son también más accesibles. Y también crecieron las ventas: de 2,5 millones de cajas en el 2006 se pasó a 5,4 millones en 2015, con una tasa de expansión anual del 9,6%. Es necesario eximir a la actividad de ése impuesto interno por ley, ya que los beneficios para el sector serían muy grandes como puede analizarse”, aseguró Borsani.

Asimismo, el texto que contiene el proyecto del diputado radical indica que “la exención del impuesto a cambio de un flujo de inversiones constante por parte de la industria, consolidará en los próximos cinco años el proceso que ha logrado promover la inversión y disminuir la crisis del sector vitivinícola. Al tiempo que, la derogación definitiva del gravamen -que operará en 2022- busca eliminar distorsiones en el mercado derivadas del hecho de que sólo este producto de la cadena quede gravado frente a otros que compiten como vinos tranquilos de precios iguales o superiores y bebidas sustitutas como los aperitivos”.

Finalmente, el diputado mendocino trabaja para lograr esta normativa porque “una delegación facultativa provisoria se prorrogó en el tiempo por más de una década, desnaturalizando su lógica. Este proyecto propone una solución progresiva y plenamente legítima, que redunda en mayor certeza jurídica para dotar de previsibilidad  y favorecer la inversión productiva en el sector”. 

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