El diputado provincial, Guillermo Pereyra recibió un fuerte apoyo de dirigentes nacionales del Frente Renovador y de la CGT unificada al oponerse a la ratificación por parte de la cámara baja, del convenio colectivo de trabajo, con modificaciones hechas por el Ejecutivo provincial, para los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

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El diputado Guillermo Pereyra , quien estuvo reunido con Sergio Massa, Graciela Camaño y  Héctor Daer, se expresó así, al argumentar respecto de la intención del Poder Ejecutivo de modificar de manera unilateral el convenio en cuestión y pretender su homologación por parte de la legislatura provincial.

El referente del Frente Renovador mendocino subrayó que “remitir un convenio CON MODIFICACIONES para su ratificación ES AL MENOS UN ACTO DE GRAVEDAD INSTITUCIONAL ya que no se respeta un instituto como el convenio colectivo de trabajo avalado por la constitución nacional, leyes y tratados internacionales”.

Agregó que el artículo 29 de la Constitución Provincial sostiene que “el  Poder legislativo no podrá dictar leyes que priven de derechos adquiridos o alteren los obligaciones de los contratos”.

El legislador explicó que “en el caso concreto del convenio colectivo de trabajo celebrado para los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, NO NECESITA RATIFICACIÓN LEGISLATIVA  porque ha sido publicado  en el Boletín Oficial , con fecha 30 de diciembre de 2015, dándole vigencia, a partir del día siguiente, conforme el decreto de procedimiento nº 955/04".

“NO es necesaria la  ratificación legislativa del convenio colectivo, porque el  Instituto Provincial de Juegos y Casinos es un ente descentralizado y autárquico con fines públicos y CON PATRIMONIO PROPIO, motivo por el cual, su “incidencia presupuestaria” (si la hubiere) no depende de la legislatura sino del propio organismo, conforme lo establece la ley 6362 (art. 4 y 13)”, aclaró Pereyra.

El diputado mendocino sostuvo que “es la justicia la que deberá resolver este tema, por encontrarse ya judicializado”, y en referencia a otras formas en que se podría avanzar hacia una solución , Pereyra  dijo  que “las partes podrían  denunciar el convenio y volver a la etapa de negociación. En este momento no estamos específicamente discutiendo el contenido del convenio, si no la formas en que se pretende su modificación unilateral. Aprobar algo así sentaría un grave y perjudicial precedente para TODOS LOS TRABAJADORES ARGENTINOS, TANTO DEL SECTOR PUBLICO COMO PRIVADO“.

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