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EL CLIMA EN MENDOZA

MENDOZA

3 de abril de 2017

Desde Mendoza pedirán que el Gobierno nacional convoque a paritarias docentes

Un proyecto de resolución para solicitarle “al Poder Ejecutivo Nacional que, mediante el Ministerio de Educación de la Nación, convoque de manera urgente a paritarias nacionales docentes en cumplimiento del artículo 10° de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo” fue presentado en la Legislatura de Mendoza por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ).

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La iniciativa, originada luego de que el legislador justicialista recibiera ayer a autoridades del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), está contenida en el expediente N°69.213 del Senado y hace hincapié en un punto clave por el cual en la actualidad mantienen diferencias el Gobierno nacional y los docentes argentinos, por lo que también ha sido promovida simultáneamente –hasta ahora– por los poderes legislativos de Chaco, La Pampa y Santa Fe.

Los fundamentos de la propuesta hacen hincapié en que “la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, sancionada en el año 2005, establece en el artículo 10° que el Ministerio de Educación, juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”.

Además explican que “la paritaria nacional docente es un instrumento de regulación del conflicto sindical que favorece los procesos de mediación entre los actores de gobierno del sistema educativo para contribuir a su gobernabilidad. Debe fijar el piso salarial docente en todo el país para lo que se denomina el ‘cargo testigo’, es decir, el docente que recién inicia su carrera y que tiene un solo cargo otorga un marco de referencia salarial: cada provincia toma el valor fijado en la paritaria nacional y lo discute con los sindicatos en su propia jurisdicción para establecer así un nuevo piso, mayor o igual al nacional en cada jurisdicción”.

Grave conflicto nacional

Luego aclaran que, “en enero de 2017, el Gobierno nacional decidió anular la mesa paritaria nacional docente, incumpliendo lo establecido por el artículo 10° de la ley N°26.075. Desde el Ministerio de Educación consideran que la paritaria nacional docente fija un piso para todo el país que no tiene sentido y que la cuestión salarial ‘es una discusión que tienen que dar las provincias’. También argumentaron su decisión al indicar que quedó automatizado en una cláusula de la paritaria del año pasado que el salario mínimo docente esté siempre un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil”.

En este marco, la argumentación del proyecto remarca que “la decisión del Gobierno nacional de no convocar a paritaria nacional docente derivó en un conflicto nacional que dejó en evidencia la disparidad entre las provincias”. Y refleja que “tal es el caso de San Luis, que acordó un aumento salarial del 40%”, mientras que sobre Mendoza explica que “resolvió el conflicto mediante un decreto que estableció un aumento del 17% para los docentes”.

De esta manera, advierte que, “ante la gravedad del conflicto docente y las disparidades que presentan las provincias argentinas, es preciso que el Gobierno nacional convoque a paritaria nacional docente en cumplimiento de lo establecido en la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo”. Asimismo, denuncia que el Gobierno nacional, frente a este escenario, “reduce funciones del Ministerio de Educación trasladando a las provincias la resolución de la política educativa, debilitando así el sistema público educativo”.

El petitorio del SUTE

El petitorio que presentó el SUTE en la Casa de las Leyes, donde lo recibió el senador Gustavo Arenas, pide que los legisladores locales “tomen cartas en el asunto y se hagan parte de los numerosos reclamos y demandas” que vienen realizando los docentes y los celadores “ante el accionar del Poder Ejecutivo de Mendoza”.

Detalla incluso que los trabajadores de la educación han realizado durante todo marzo “un sinnúmero de de acciones, que implicaron paros, movilizaciones, la multitudinaria Marcha Federal Educativa, actos y asambleas escolares, entre otras, a los fines de hacer que se respeten los derechos conquistados por los trabajadores, repudiar el autoritarismo del Gobierno provincial y exigir un salario digno acordado en paritarias y no aumento insuficiente impuesto por decreto, como finalmente sucedió”.

Después de denunciar que los gobiernos nacional y provincial aplican una clara política de ajuste, reafirma que “se especializan en atentar contra los derechos de los trabajadores, que son partidarios del autoritarismo en contraposición al diálogo y que su forma de imponerse implica maltrato, persecución, difamación y falta de respeto a los trabajadores y al pueblo”.

Posteriormente asevera que el SUTE ha presentado “ante el Poder Ejecutivo de Mendoza decenas y decenas de demandas que en ningún caso tienen respuestas y que están directamente relacionadas con la defensa de la escuela pública”.

Puntos reclamados

Entre los aspectos reclamados, señala el salario digno, la derogación del ítem aula –“que obliga a los docentes a ir enfermos a trabajar y es extorsivo ya que atenta contra el derecho a huelga”– y la reapertura de la paritaria provincial, además de manifestarse en contra del “vaciamiento de la escuela pública, el maltrato, la persecución y la falta de respeto, el cierre de escuelas, el ajuste y los despidos”.

Dentro de ese contexto, los docentes y los celadores exigen “respuestas acerca de educación de calidad, comedores escolares y meriendas (cantidad y calidad de las raciones), infraestructura escolar, salud laboral, cumplimiento por parte de la aseguradora de riesgos de trabajo acerca del reconocimiento de enfermedades laborales y transporte gratuito para los trabajadores de la educación”.

Asimismo, demandan el “pleno funcionamiento de la Junta de Celadores, que se garantice la cantidad necesaria de celadores por escuela, la reglamentación de escuelas albergue y de contexto de encierro, el fin a la persecución y los aprietes a trabajadores de la educación, la reincorporación inmediata de la docente, autoritariamente inhabilitada, Paola Vignoni, el aumento del fondo fijo por escuela, el respeto a las resoluciones acerca de niños integrados, y una mayor cantidad de horas y cargos en servicios de orientación para todos los niveles”.

También piden “la participación de los trabajadores en las políticas educativas, el llamado a concurso en todos los niveles, el respeto a la modalidad Jóvenes y Adultos, la efectivización del pago de deudas de antigüedad y zona, y el cumplimiento de lo acordado en paritarias anteriores: administrativos, titularizaciones, enfermedades de largo tratamiento, etcétera”.

Demandas urgentes

Luego de detallar todos esos puntos que no son atendidos por el Gobierno, el petitorio solicita que el Poder Legislativo “asuma el rol que le corresponde para garantizar una educación pública de calidad”, la cual –advierte– “no debe responder al arbitrio del gobierno de turno, sino que es debe ser una de las más importantes políticas de Estado, y debe ser el Estado el que la garantice, la respalde y la promueva”.

Finalmente, el documento del SUTE les pide a los legisladores que “cumplan con su obligación de garantizar que se cumpla con las leyes, que se respeten las conquistas y los derechos de los trabajadores y que el Ejecutivo provincial arbitre los medios para dar respuesta a las decenas y decenas de demandas que presenta la escuela pública y que ya ni pueden esperar”.

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