Un proyecto de ley para modificar la vigente norma nacional Nº24.674 en vista de mantener la exclusión del vino del gravamen de impuestos internos e incluir definitivamente también con tasa cero al espumante fue presentado en el Congreso por el diputado nacional mendocino Guillermo Carmona.

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El objetivo de la medida es que el desarrollo de las economías regionales –en este caso, las concernientes a la producción vínica– “se vean acompañadas por el Estado nacional dentro de su política tributaria, que la diferencie de otras producciones que tienen un impacto menor no solo en aspectos económicos, sino también culturales e históricos, como posee la industria vitivinícola en el país y que ha logrado insertarse en el mundo como un producto de calidad, teniendo al Malbec como ícono argentino”.

 

Así lo declaran los fundamentos de la propuesta, los cuales además advierten que el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó este martes los lineamientos de la reforma tributaria que el Poder Ejecutivo Nacional enviará en los próximos días al Parlamento.

Específicamente, la iniciativa del legislador justicialista hace hincapié en que las nuevas medidas prevén que la alícuota del impuesto interno del vino pasará del 0 al 10% y la de los espumantes será del 17%. Y a continuación advierte: “Sin dudas que, a la ya delicada situación que vive el sector por la caída del consumo y la importación de este producto que ingresa principalmente de Chile, se suma ahora este aumento de impuestos que afectará gravemente las economías regionales ligadas a este tipo de actividad”.

Como un antecedente válido, Carmona recuerda que el Congreso de la Nación aprobó en el 2013 el ley Nº26.870, que declara al vino argentino como “bebida nacional”, y que desde su promulgación se pensó que el impacto de esa legislación representaba beneficios directos al producto vino, como también indirectos a toda la cadena y a todos los productos de esa industria.

Esta norma insta a difundir las características culturales que implican la producción, la elaboración y el consumo de vino argentino y sus tradiciones, promover la imagen y el isologo del Vino Argentino en todo tipo de evento oficial en el país y el exterior, e identificar toda la gama de vinos con un isologo o texto común.

También promueve acciones como el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas al sector vitivinícola, la presencia del vino argentino en eventos oficiales del cuerpo diplomático y consular, la presentación de los numerosos, diversos y maravillosos paisajes vitivínicolas de nuestro territorio nacional, y la revalorización de los recursos humanos asociados a la producción desde el viñedo hasta la comercialización.

La modificación a la ley

Considerando estos precedentes, el proyecto de ley de tasa cero en impuestos internos para vinos y espumantes presentado esta tarde tiende a sustituir el artículo 23º de la norma Nº24.674 de Impuestos Internos y sus modificaciones por el siguiente texto: “Artículo 23: Todas las bebidas, sean o no productos directos de destilación que tengan 10°GL o más de alcohol en volumen, excluidos los vinos y espumantes, serán clasificadas como bebidas alcohólicas a los efectos de este título y pagarán para su expendio un impuesto interno de acuerdo con las siguientes tasas que se aplicarán sobre las bases imponibles respectivas, de conformidad con las clases y graduaciones siguientes”.

Así, la modificación específica que se hace sobre el artículo vigente es agregar el término “espumantes” después de la aclaración “excluidos los vinos”, lo que permite incorporar operativamente esos productos al beneficio.

Asimismo, el autor de la propuesta invitó formalmente a todos los diputados de las provincias vitivinícolas a suscribirse al proyecto de ley, mediante el procedimiento de adhesión que prevé el reglamento de la Cámara Baja nacional.

Simultáneamente, la iniciativa –con el acompañamiento del también diputado nacional mendocino Alejandro Abraham– será remitida a los gobernadores y a las entidades empresarias y sindicales representativas del sector en las provincias involucradas, incluida Mendoza, como un aporte a la defensa de la trascendental industria vitivinícola.

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